Mientras el Sahel central —compuesto por Malí, Burkina Faso y Níger— atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la insurgencia yihadista persistente y una inestabilidad institucional crónica, Mauritania y Chad aparecen como casos comparativos de mayor solidez estatal. A pesar de compartir realidades geográficas, desafíos demográficos y amenazas similares a las de sus vecinos, estos dos Estados han logrado sostener una posición comparativamente más estable. La clave de esta divergencia no radica únicamente en su capacidad militar, sino en su destreza para blindar el espacio ideológico frente a la infiltración extremista mediante una supervisión estatal persistente, una soberanía ejercida sobre el discurso religioso y, sobre todo, una lectura proactiva de la guerra informativa.

La soberanía sobre el discurso religioso: un muro ideológico histórico

Para comprender esta diferencia, conviene partir de una premisa esencial: el islam no constituye un bloque homogéneo, sino un espacio atravesado por múltiples tradiciones, escuelas e interpretaciones. En el Sahel, las prácticas religiosas locales han estado históricamente vinculadas a formas de islam tradicional adaptadas a las costumbres comunitarias. Frente a ellas, desde los años setenta del siglo XX, algunas corrientes rigoristas impulsadas o financiadas desde ciertos países del Golfo comenzaron a proyectarse como instrumentos de influencia religiosa exterior. Aunque en origen funcionaron como una forma de poder blando, con el tiempo favorecieron lecturas más restrictivas, puristas y politizadas de la religión. Con ello, contribuyeron a erosionar la autoridad de los referentes religiosos tradicionales.

En el Sahel central —como en otras regiones de África—, la debilidad institucional ha permitido durante décadas —y aún permite en algunos contextos— que actores extranjeros financien mezquitas y madrazas donde se difunden interpretaciones religiosas más rigoristas. Ese proceso no produjo automáticamente radicalización, pero sí generó un terreno propicio para que ciertos predicadores cuestionaran a las autoridades religiosas tradicionales y se presentaran como fuentes alternativas de legitimidad. En ese contexto, la propaganda extremista encontró canales sociales desde los cuales justificar la violencia y facilitar el reclutamiento para la yihad. Mauritania y Chad, por el contrario, comprendieron que la religión no era solo una cuestión doctrinal, sino también un asunto de seguridad nacional y un campo decisivo de disputa narrativa. En Mauritania, esta orientación se ha mantenido a través de varios presidentes; en Chad, ha mostrado continuidad bajo Idriss Déby y su hijo Mahamat Idriss Déby.

• Mauritania (2005-2010): Tras sufrir ataques directos, como el de Lemgheity en 2005, las autoridades comprendieron que la amenaza no residía únicamente en la capacidad operativa de los insurgentes, sino también en la narrativa religiosa y política que legitimaba la violencia. A partir de 2010, impulsaron un programa de diálogo en prisiones en el que ulemas y expertos religiosos debatían con yihadistas detenidos para desmontar sus argumentos desde marcos doctrinales reconocibles para ellos. Esta estrategia funcionó como una forma de contra-propaganda: no solo buscaba reducir la reincidencia, sino reafirmar la autoridad del rito maliki y del islam tradicional mauritano frente a lecturas extremistas.
• Chad (2014-2015): Ante la expansión de Boko Haram y de grupos vinculados al Estado Islámico en África Occidental durante 2014-2015, Chad reforzó una política de seguridad religiosa orientada a supervisar quién enseñaba, qué se predicaba y qué redes influían en esos discursos. Las autoridades chadianas entendieron que dejar la narrativa religiosa en manos de actores externos equivalía a ceder parte del control sobre la percepción pública y a permitir que el radicalismo construyera una base social capaz de derivar en formas de organización paramilitar.

El pragmatismo de la desradicalización: neutralizar, no necesariamente convertir

Un error común, visible también en muchas experiencias europeas de desradicalización —con resultados generalmente limitados salvo casos puntuales—, consiste en pensar que la desradicalización busca transformar por completo las creencias del individuo. Mauritania y Chad han desarrollado una aproximación más pragmática: distinguen entre el radicalismo como ideología y el terrorismo como conducta violenta.

Ambos países han empleado técnicas de contra-propaganda y negociación teológica no con el fin de borrar las creencias del individuo radicalizado, sino con el objetivo táctico de neutralizar su capacidad de recurrir a la violencia. Mauritania, especialmente, ha desarrollado esta lógica desde 2010: mediante diálogos en prisiones, el Estado buscó que individuos con ideologías extremas aceptaran límites prácticos a la acción armada. El individuo podía mantener convicciones radicales en su fuero interno, pero al ver cuestionado públicamente su discurso de odio mediante contra-argumentos religiosos, perdía parte de su capacidad de reclutar y de justificar la violencia. Lograr que un radical siga siendo radical, pero deje de actuar violentamente, constituye, en términos de seguridad nacional, un éxito relevante de la inteligencia estatal.

La clave diferencial: la lectura de la propaganda

Mientras Mauritania y Chad identificaron tempranamente que una parte central del conflicto se libraba en el terreno de las ideas y la propaganda, los países del Sahel central tendieron a subestimar el poder de la narrativa. Estos dos Estados supieron leer el escenario: comprendieron que los grupos yihadistas no buscan únicamente conquistar territorio, sino también influir en las percepciones, lealtades y expectativas de la población local. Mientras en Malí, Níger o Burkina Faso ciertos predicadores radicales pudieron actuar como altavoces de ideologías externas con escasos contrapesos institucionales, Mauritania y Chad intervinieron en el espacio comunicativo y religioso.

No se limitaron a reaccionar ante los ataques; actuaron sobre las condiciones que permitían la difusión del discurso radical. Otros países, en cambio, dejaron que la propaganda extremista circulara con menos restricciones, permitiendo que esta se convirtiera en un lenguaje recurrente de la disidencia. Cuando esos Estados quisieron reaccionar, la narrativa radical ya estaba profundamente enraizada en algunas comunidades locales, haciendo que cualquier esfuerzo militar resultara mucho menos eficaz frente a una población previamente influida en el plano ideológico.

El funcionamiento de los organismos de gestión

Para un lector no especializado, es importante entender cómo operan estos organismos: no funcionan únicamente como mecanismos de censura, sino como estructuras estatales destinadas a preservar un marco religioso y nacional compartido frente a discursos extremistas.

En Mauritania:

• Ministerio de Asuntos Islámicos: Supervisa el currículo religioso, la formación de imanes y los mensajes difundidos en las mezquitas para preservar un marco doctrinal compatible con la convivencia, la autoridad religiosa tradicional y la cohesión nacional.
• Consejo Superior de la Fatwa: Refuerza la autoridad religiosa institucional al ordenar el espacio de emisión de opiniones jurídicas, de modo que las fatwas con legitimidad pública procedan de marcos reconocidos y no de liderazgos radicales locales. Con ello, reduce el margen para que los llamados a la violencia sean presentados como mandatos religiosos válidos.

En Chad:

• Consejo Superior de Asuntos Islámicos (CSAI): Actúa como órgano de interlocución entre las comunidades musulmanas y el Estado, articulando la supervisión religiosa oficial y ofreciendo un marco institucional para canalizar la autoridad islámica reconocida. De este modo, reduce el margen para que predicadores o financiadores externos impongan agendas doctrinales ajenas al marco nacional.
• Sistema de registro: Al exigir autorización estatal para ejercer como imán, el Estado dispone de una herramienta para identificar discursos radicales, supervisar redes de influencia religiosa y actuar antes de que ciertos predicadores transformen el mensaje religioso en una plataforma de movilización extremista.

Conclusión: Los pilares de la solidez frente al caos

Mauritania y Chad han demostrado que la estabilidad requiere algo más qué capacidad militar: exige autoridad moral, continuidad institucional y una lectura precisa de la guerra informativa. Mientras sus vecinos vieron cómo los vacíos de poder abrían espacio a discursos extremistas, estos dos Estados mantuvieron una soberanía sostenida en el terreno de las ideas:

1. Soberanía religiosa: Al regular el discurso religioso autorizado, reducen el margen para que las narrativas radicales se presenten como “verdad” social ante la población.
2. Gestión de la conducta radical: Han priorizado la neutralización de la violencia sobre la reforma ideológica, buscando que individuos con convicciones extremas abandonen la acción armada sin exigir necesariamente una transformación completa de sus creencias personales.
3. Detección precoz: Supieron identificar la propaganda como un componente central del conflicto y actuaron sobre ella antes de que arraigara con mayor profundidad.
4. Coherencia institucional: A diferencia de Malí, Burkina Faso o Níger, afectados por golpes de Estado desde 2020 que debilitaron sus estructuras de control, estos dos países han conservado una jerarquía estatal funcional.

En definitiva, la solidez de estos Estados no se explica por una inmunidad natural frente al yihadismo, sino por su capacidad para proteger con mayor eficacia el espacio ideológico y simbólico de sus ciudadanos antes de que los grupos insurgentes pudieran capturarlo. Esa ventaja, sin embargo, no es irreversible: en el Sahel, todo equilibrio puede cambiar si se rompe la continuidad estatal, se pierde autoridad religiosa o se permite que la narrativa extremista vuelva a ocupar ese espacio.